Por Arístides Silvestris [*]
Con una tendencia sostenida a la baja en los casos de Covid-19, desde el comienzo de la pandemia, es posible apreciar cómo se ha ido consolidando la digitalización y virtualización de nuestra vida cotidiana. Las actividades como el trabajo, educación y recreación están siendo mediados por el uso de plataformas o herramientas digitales, y a su vez se desdibujan cada vez más los límites entre cada una de ellas.
Esta nueva Era nos demanda tener acceso y estar capacitados en el uso de estas nuevas tecnologías para no quedar aislados o marginados. Esto tiene como consecuencia, que la conectividad y el acceso a la información haya dejado de ser algo optativo para volverse esencial y por lo tanto un derecho necesario para el desarrollo. Situación que fuera planteada en el decreto N° 690/20, cuya aplicación todavía se encuentra suspendida por la Justicia Federal.
A comienzos de 2022, el número de usuarios de internet en el mundo alcanzó los 4,950 millones de personas, lo que representa el 62,5% de la población mundial; si además se incluye el acceso a internet desde dispositivos móviles crece a un 67,1% de la población o bien 5,310 millones de personas. En este mismo sendero, se prevé un crecimiento de aproximadamente 100 millones de accesos móviles por año.
Considerando estos números, se hace tangible develar los intereses detrás de la guerra comercial entre China, Estados Unidos y sus aliados, haciendo foco en el espionaje, industria de microchips, semiconductores y el despliegue de redes de 5G.
Los mayores capitales financieros detrás de las grandes empresas tecnológicas son los que se disputan y determinan lo que serán los cimientos de la economía digital y la Industria 4.0. Este entramado brinda la posibilidad de recopilación masiva de datos por medio de los dispositivos IoT (Internet Of Things o Internet de las Cosas), acompañado del análisis y explotación de datos mediante “machine learning” o inteligencia artificial.
Actualmente, el mercado de fabricantes de estaciones base o antenas de 5G, se divide mayoritariamente en 3 grandes jugadores que poseen aproximadamente el 75%, en el que Huawei (China) posee un 29%, Ericsson (Suecia) 24%, Nokia (Finlandia) 21,5%, dejando atrás a Samsung (Corea del Sur), ZTE (China), Qualcomm (Estados Unidos) y otros.
Comúnmente se enumeran las ventajas de las redes 5G, altos anchos de banda (hasta 10Gbps), latencias ínfimas (menores a 1 milisegundo) y gran densidad de dispositivos por Km2. Sin embargo, vale la pena preguntarse para qué y cuáles son los requisitos necesarios para lograr su despliegue exitoso, ya que se dejan de lado los inmensos desafíos, como por ejemplo comunicación a través de fibra óptica por doquier y respaldo eléctrico todos los días de la semana para alcanzar una disponibilidad del 99,999%, entre otros.
Particularmente en Latinoamérica, donde tenemos amplia extensión geográfica y población dispersamente distribuida, se hace difícil garantizar todas estas condiciones. Sin embargo, las TelCos suelen abordar las instalaciones en donde resulta más fácil desplegar infraestructura, por ejemplo en grandes ciudades debido a la densidad poblacional y facilidad para amortizar el equipamiento en el corto plazo. Esto resulta económicamente lógico, pero no hace más que profundizar la brecha digital en regiones con muy poca densidad poblacional, sean zonas rurales o urbanas de pequeño y mediano tamaño.
Para salvaguardar estos comportamientos, se establecieron requisitos de despliegue en la licitación del espectro para 4G-LTE durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a finales de 2014; entre las condiciones, el documento preveía que en un mínimo de cinco años, todas las localidades con más de 500 habitantes se encontrarían con cobertura de servicio.
Recientemente, el 9 de noviembre, en la apertura de las jornadas internacionales de la Asociación Argentina TIC, Video & Conectividad (ATVC), el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, confirmó que la futura licitación del espectro dedicado exclusivamente para la telefonía móvil (5G) se realizará en el primer trimestre de 2023, enfocándose en poner a disposición tres bloques de 100 MHz de la banda de 3,5GHz, ya que esta última se encuentra relativamente limpia.
Por su parte, el CEO de Telecom, Roberto Nobile, comentó: que “El segmento masivo va a ser lo primero en atender. En la evolución de la implementación, se van a empezar a ver otros beneficios. Esperamos que, para fines de 2023 o principios de 2024, el 30% de la población ya utilice 5G”, agregó el CEO de la multinacional. Cabe aclarar que a través de su red, Personal ya posee antenas móviles habilitadas para prestar servicio 5G con tecnología DSS (Dynamic Spectrum Sharing o Compartición dinámica de espectro) de Nokia y Huawei, que funcionan en las frecuencias de 4G, en Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, Pinamar, Cariló, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Posadas, Paraná, entre otras localidades. Se pretende que para fines de 2022 se existan 170 antenas 5G en la interfaz de aire.
Por su parte, Claro (América Móvil) viene trabajando firmemente con Nokia en la región y Telefónica ha realizado pruebas de servicio junto a Ericsson.
Es importante recordar que Telecom tiene una porción mayoritaria del mercado Argentino, luego de que Oscar Aguad, ex ministro de Comunicaciones, posibilitará la fusión de Telecom y Cablevisión en 2017, agrupando los servicios de Telecom, Arnet, Personal, Cablevisión, Fibertel y Nextel, culminando finalmente en Telecom como razón social. Telecom tiene como principales accionistas al fondo Fintech, del mexicano David Martínez, y Cablevisión Holding, integrado por los mismos accionistas principales del Grupo Clarín.
Seguidamente, en 2019 Telecom consiguió un crédito por US$ 96 millones mediante el organismo oficial de crédito a la exportación de Finlandia Finnvera (Finnish Export Credit Agency) para compra de equipamiento de la compañía Nokia con la finalidad de expandir su red de fibra óptica en el país. En mayo de 2021, se agregaron otros US$ 30 millones bajo un concepto similar con Finnvera.
Por todo lo expuesto, resulta evidente el peso que posee Telecom como jugador en el sector de las telecomunicaciones. Tal es su relevancia, que recientemente, el 8 de noviembre su CEO, Roberto Nobille, fue nombrado como miembro del directorio de la GSMA. La GSMA es una organización internacional de operadores móviles y compañías relacionadas al rubro, dedicada al apoyo de la normalización, la implementación y promoción del sistema de telefonía móvil GSM; consta de más de 750 operadores de telefonía móvil y más de 400 empresas del sector.
Esto consolida la posición de Telecom en la región, ya que en dicha Junta sólo se sientan dos miembros latinoamericanos, Roberto Nobille y Carlos M. Jarque, director ejecutivo de Relaciones Internacionales, Asuntos Gubernamentales y Corporativos, Grupo América Móvil.
La disputa por quién se queda con mayor cantidad de clientes y su rentabilidad, es un hecho. Esto lo demuestran sus inversiones y despliegue anticipado en materia de telefonía 5G, apostando fuertemente en este sector estratégico. Ahora bien, ¿podemos plantearlo como una apuesta? o realmente tienen asegurada sus rentabilidades por el poder Judicial, tal y cómo lo indicó reciente Cristina Fernández de Kirchner, en el día de la militancia, 17 de noviembre, que “Hoy esta inflación que tenemos de 6,3 en el país, en el desagregado se ve que que las telecomunicaciones son de 12 puntos, el doble, y es porque hay jueces que dijeron que el decreto que se firmó para que sea servicio público no se debe aplicar”.
Más allá de quién sea el proveedor más grande del equipamiento o quien captara mayor porción del mercado local, cabe preguntarse ¿Cuáles serían las mejores estrategias para desplegar las redes de 5G en nuestra región? Y si ¿estas lograrán reducir las asimetrías de la brecha digital dando posibilidad a un desarrollo integral en esta nueva Era?
[*] Silvestris es Ingeniero en Telecomunicaciones y Magíster en Ciencias de la Ingeniería (UNRC). Director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología (OECYT) asociado a la plataforma Pueblo y Ciencia.
Este artículo fue publicado por primera vez en Ámbito Financiero