¿Derecho a la conectividad o derecho a la rentabilidad? ¿Cuál es el rol de 5G en Argentina?

Por Arístides Silvestris [*]

La pandemia causada por el Covid-19 logró robustecer cada uno de los pilares necesarios para sostener esta nueva realidad, una nueva forma de vivir, en la cual estamos cada vez más mediados por el uso de plataformas o herramientas digitales. Lograr la conectividad universal hacia 2030 se encuentra destacado como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (ONU).

Actualmente, existen más de 5,07 millones de usuarios activos de internet en el mundo, representando el 63,5% de la población mundial; número que creció en 171 millones en los últimos 12 meses, sobrepasando en un 70% lo pronosticado en 2022. Adicionalmente, el 92,1% de los usuarios de Internet utilizan teléfonos móviles para navegar por la red.

Estas cifras revelan cómo se ha consolidado la digitalización y virtualización de nuestra cotidianidad, en donde además se desdibujan los límites entre recreación y trabajo. Adicionalmente, devela los intereses que existen detrás de la instalación, administración y mantenimiento de toda la infraestructura necesaria para la denominada nueva Era, haciendo foco en las tecnologías de punta, como industrias de microchips, semiconductores, redes de 5G y manejo de datos.

Bajo este escenario, Latinoamérica no está exenta a este tipo de disputas, las tensiones vinculadas al despliegue de redes de 5G son un hecho, constantemente se publican titulares sobre “la puerta de entrada” a la región de la mano de la empresa de capitales chinos Huawei Technologies.

Por otro lado, la amplia extensión geográfica que posee la región dificulta su implementación, ya que se requieren interconexiones de fibra óptica entre todas las antenas. Como consecuencia, y ya que es más fácil amortizar la instalación del equipamiento en el corto plazo, las empresas de telecomunicaciones se enfocan en grandes ciudades. Estas decisiones empresariales, si bien resultan económicamente lógicas, no hacen más que profundizar la brecha digital existente en zonas que poseen poca población.

En Argentina, según los datos relevados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el último trimestre de 2021, el 86% de la población utiliza Internet y el 88% hace uso de la telefonía celular, gracias a la cobertura de 3 y 4G. En este mismo sentido, si bien todavía no se ha licitado el espectro para 5G, Telecom Personal ya posee antenas habilitadas para prestar servicio 5G con tecnología DSS (Dynamic Spectrum Sharing o Compartición dinámica de espectro) de Nokia y Huawei, que funcionan en las frecuencias del espectro de 4G, en Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, Pinamar, Cariló, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Posadas, Paraná, entre otras localidades.

Por su parte, Claro (AMX-América Móvil) viene trabajando firmemente con Nokia en la región y Telefónica ha realizado pruebas de servicio junto a Ericsson pero sin ánimos de invertir. Esta última, ha cuestionado constantemente el rumbo que posee la Argentina en materia regulatoria; a finales de octubre de 2022, Luis Delamer, director Mayorista de Telefónica Hispam, dijo:  “La verdad es que lo de Nueva Zelanda es un caso reciente que nos parece bueno porque, al final del día, lo que se pague por el espectro tenemos que cobrárselo al cliente” haciendo referencia a que Argentina debería entregar el espectro sin costo alguno pero con compromisos de inversión por parte de las empresas.

Adicionalmente, es importante recordar que Telecom tiene una porción mayoritaria del mercado argentino y es el resultado de la fusión de Telecom y Cablevisión en 2017, autorizada por Oscar Aguad, ex ministro de Comunicaciones de la gestión de Mauricio Macri. Esto tuvo como resultado que se agruparan todos los servicios de Telecom, Arnet, Personal, Cablevisión, Fibertel y Nextel. A su vez, Telecom tiene como accionistas mayoritarios al fondo Fintech y Cablevisión Holding, integrado por los mismos principales accionistas del Grupo Clarín.

Existen varias tensiones vinculadas al poder de fuego y posición de mercado que posee el grupo. Recientemente, 5 de octubre de 2022, Telecom informó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 8 resolvió prorrogar nuevamente la vigencia de la medida cautelar que le permite a la compañía no ser alcanzada por el DNU N° 690/2020 por el plazo de 6 (seis) meses. famoso DNU N° 690, anunciado por el presidente de Argentina Alberto Fernandez, el 21 de agosto de 2020, tuvo como objetivo garantizar el derecho humano de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en sintonía con los ODS que plantea la ONU.

Estas prórrogas permiten que las empresas obtengan resguardo por parte de la justicia y puedan gozar de libertad tarifaria, evitando la regulación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que autoriza paulatinamente aumentos en los costos de los servicios.

Al mes siguiente, en la apertura de las jornadas internacionales de la Asociación Argentina TIC, Video & Conectividad (ATVC), el CEO de Telecom, Roberto Nobile, informó que “El segmento masivo va a ser lo primero en atender. En la evolución de la implementación, se van a empezar a ver otros beneficios. Esperamos que, para fines de 2023 o principios de 2024, el 30% de la población ya utilice 5G”.

La discusión vinculada a los problemas de rentabilidad del sector es amplia y ambigua, Telecom anunció resultados en rojo para el tercer trimestre de 2022. Esto es consecuencia de las inversiones que está realizando la empresa para modernizar su red, acompañada de la pérdida de clientes en varios de sus productos y el efecto interanual de la inflación hasta septiembre de 2022. Sin embargo, la cartera de clientes móviles cerró con aproximadamente de 20 millones de cuentas, agregando medio millón más que un año antes. En general, las pérdidas suelen tratar de compensarse elevando aún más los precios de sus servicios gracias a las prórrogas concedidas por la justicia.

Sin embargo, desde fines del año pasado a la actualidad, las acciones de Cablevisión Holding (CVH) y Telecom Argentina (TECO2) tienen una tendencia alcista, tanto en la bolsa local como en la bolsa de New York (NYSE) bajo el Ticker de TEO. Las acciones CVH y TECO2 obtuvieron un crecimiento mayor al 65% en pesos, y para el caso internacional TEO creció de aproximadamente U$S 4 a valores superiores a U$S 5,94 por acción, representando un alza de 48% en dólares. Estos porcentajes son disparadores de la pregunta ¿si el sector de las telecomunicaciones en Argentina no fuera rentable porqué son tan altas estas cifras?.

La mencionada corriente alcista viene acompañada del anuncio de ENACOM de finales de diciembre para la subasta del espectro de 3,300 a 3,600 MHz compatible con 5G que se realizará en el primer trimestre de 2023.

Hecho cuestionado por la recientemente conformada asociación Infraestructura Digital Argentina (IDA); presidida por Alejandro Lastra que además es director de Regulación y Asuntos Públicos de Telefónica de Argentina. La asociación también está compuesta por Sonia Félix, de San Juan Cable Color; Hugo Genovesio, de Dean Funes; Luis Rodolfo Bianchi, de San Rafael; Marcelo De Ambrosio, de General Pico; Alejandro Pereyra, ex Director de ENACOM, y Luis Quinelli, uno de los fundadores de Sion.

Durante el lanzamiento de IDA en noviembre, Alejandro Lastra, precisó: “Somos empresas pequeñas, medianas y grandes y nos constituimos como cámara, pero nos gusta más el nombre de plataforma institucional” agregó: “Queremos ayudar a saldar una deuda del sector privado. El desafío está en llevar la discusión al futuro olvidando las diferencias históricas”. Por su lado, Sonia Felix, afirmó que: “En IDA apuntamos a ir más allá de la visión estrictamente sectorial de corto plazo”.

Por otra parte, varias entidades del sector han cuestionado la creación de IDA, como por ejemplo: Ariel Graizer, presidente de la reconocida Cámara Argentina de Internet (CABASE), precisó a TeleSemana.com que “la industria tiene suficientes cámaras y generar una nueva no aporta nada, a la vez que implica un debilitamiento de la representatividad que organizaciones como CACPY, CATIP, CAPPI, CATEL, ATVC, CICOMRA, FECOTEL, FECOSUR, y CABASE, entre otras, han construido con mucho esfuerzo a lo largo de los años”.

El pasado 16 de enero, la Secretaría de Comercio que dirige Matías Tombolini, sancionó con una multa de $150 millones a Telecom y Artear por abusar de su posición dominante en el mercado de televisión paga. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) comenzó la investigación a raíz de una denuncia de la empresa AMX, la cual indicó que el Grupo Clarín le impuso condiciones de venta para las señales Canal 13 y TN que impidieron su adquisición, lo cual imposibilitó su entrada como operador de televisión paga en varios mercados, impidiendole replicar de manera competitiva el servicio de cuádruple play.

Resulta evidente que cuando hay jugadores con poder dominante en el mercado es difícil establecer condiciones equitativas, incluso en muchas situaciones pareciese que los estados nación han quedado subordinados ante su poder económico.

Por lo tanto, consideramos que para lograr un acceso masivo a las telecomunicaciones a nivel nacional y regional, resulta crucial sincronizar actividades, crear lazos asociativos y diseñar estrategias de vinculación y consolidación de las relaciones entre diversos actores y sectores de la sociedad como pymes, cooperativas, organizaciones sociales, comunidades, sindicatos, universidades, Estado nacional, provincial y municipal.

¿Cuáles serían las mejores estrategias de vinculación entre actores y sectores de la sociedad? ¿Podremos lograr sinergias y garantizar una conectividad de calidad que posibilite el desarrollo en todo el territorio argentino?

[*] Ingeniero en Telecomunicaciones, Magíster en Ciencias de la Ingeniería (UNRC) y Diplomado en Anticipación Estratégica y Gestión de Riesgo (UNDEF). Director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología (OECYT) asociado a la plataforma Pueblo y Ciencia.