Tomás Mondino [*]
La transición energética planteada a nivel mundial para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, tiene un eje central en la electromovilidad. Su implementación requiere de la utilización de baterías, encargadas de acumular energía, donde, las basadas en litio tienen las mejores prestaciones.
Ante este escenario, el litio se vuelve un recurso estratégico para la transición energética. Hace diez años, la utilización de litio para las baterías rondaba el 2% del total producido, en 2020 ese porcentaje aumentó al 65%, y la banca financiera Citigroup estima que aumentará al 75% en el 2025. Por otro lado, la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) prevé un aumento del 90% en la demanda de litio en las próximas 2 décadas.
El posicionamiento del litio como recurso estratégico, hace que los países que cuenten con este recurso se vuelvan regiones claves. El famoso “triángulo del litio”, conformado por Bolivia, Chile y Argentina, cuentan con casi el 60% de los recursos de litio a nivel mundial según el informe anual del 2021 del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
Si bien existen diferencias entre la administración de este recurso, hasta ahora el modelo de América Latina, sobre todo de Chile y Argentina, es el de la extracción del recurso prácticamente sin valor agregado, exportándolo como sales de litio que luego son procesadas en otros países. En el caso de Bolivia, todavía no registra producciones a gran escala de sales de litio, pero de los tres países es el que más recursos posee.
El golpe de estado en Bolivia en el año 2019 puso en evidencia la disputa por dicho recurso, cuando días después del golpe, Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, twitteó: “Vamos a golpear a quien queramos”, en referencia a la injerencia que tuvo el litio sobre el golpe de estado.
Años antes, en 2017 el gobierno de Evo Morales crea Yacimientos de Litio Boliviano (YLB), la cual tiene la tarea de administrar y explotar de manera unánime los recursos de litio, y en el año 2018 Bolivia se alió estratégicamente con la empresa alemana ACI Systems para la producción completa de baterías de ion-litio en el país. En enero del 2021, Marcelo Gabino Gonzales, presidente de YLB anunció que se construirán dos nuevas plantas para el procesamiento del litio, manifestando también que el país dispone de los recursos humanos calificados para reactivar la producción del rubro e industrializarla.
El pasado 30 de abril, el actual presidente Luis Arce, anunció que se lanzó la convocatoria internacional de “Extracción Directa del Litio”, con el objetivo de atraer inversiones extranjeras para la exploración y explotación en el país. El 19 de mayo, Andrés Manuel Lopez Obrador, dijo que Bolivia asesorará a México sobre sus recursos de litio, poniendo a Bolivia como un referente regional en la administración del recurso.
En Chile, que produce el 22% mundial de litio y está administrado por el Estado Nacional por ser considerado legalmente como estratégico, la Cámara de Diputados aprobó en mayo de este año un proyecto que establece un impuesto minero a favor del Estado por la explotación de la minería del cobre, del litio y de todas las sustancias concesionables, equivalente al 3% del valor de los minerales extraídos. Ante la aprobación de este proyecto, la Sociedad Nacional De Minería Petróleo Y Energía de Chile se posicionó en contra.
Actualmente no se fabrican acumuladores de litio en el país, a pesar de que en el 2019 la empresa italiana SERI firmó un convenio con JEMSE para la producción de baterías en territorio jujeño. Sin embargo, durante este año hubo movimientos para concretar la producción de baterías en el país a mediano plazo. En enero de 2021, Felipe Solá, Canciller de Argentina, pidió a Toyota comenzar con la producción de baterías de litio en el país, pero la empresa sostuvo que “por la demanda, es difícil pensar en construir una fábrica de baterías de litio”.
En Argentina la administración de los recursos naturales se encuentra a cargo de las provincias desde 1994, luego de la sanción de la nueva Constitución Nacional durante el gobierno de Carlos Menem, con un impuesto a la explotación de los recursos mineros del 3% en boca de mina. A diferencia de Chile, al litio se le aplica el mismo criterio que a cualquier otro recurso minero, ya que no está considerado como recurso estratégico y el Gobierno Nacional prácticamente no tiene injerencia sobre la administración de los recursos provinciales.
En 2020, Argentina produjo el 7,5% del litio a nivel mundial a partir de los salares operativos de litio en Argentina, que se encuentran en las provincias de Jujuy y Catamarca. En Jujuy el único proyecto en fase de explotación es el Salar de Olaroz, propiedad de la australiana Orocobre Limited (participación en un 27% de JP Morgan y 14% de Toyota) y JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) con un 8,5%. También cuenta con un proyecto avanzado por entrar en operación, el de Caucharí, propiedad de Lithium Americas Corp 45,75%, Jiangxi Ganfeng Lithium 45,75% y JEMSE 8,5%. En Catamarca, el proyecto que se encuentra operativo es el Salar del Hombre Muerto (Mina Fénix), propiedad de Livent Corporation (ex FMC Lithium Corp) que tiene acciones de Black Rock en un 17% y Vanguard Group en un 13%. Es posible apreciar que a partir de las participaciones en los salares, la mayoría de los proyectos están a cargo de empresas multinacionales con fuerte participación de grandes fondos financieros internacionales, salvo JEMSE, empresa estatal jujeña que por ley participa en todos los proyectos operativos que se encuentren en la provincia.
Actualmente no se fabrican acumuladores de litio en el país, a pesar de que en el 2019 la empresa italiana SERI firmó un convenio con JEMSE para la producción de baterías en territorio jujeño. Sin embargo, durante este año hubo movimientos para concretar la producción de baterías en el país a mediano plazo. En enero de 2021, Felipe Solá, Canciller de Argentina, pidió a Toyota comenzar con la producción de baterías de litio en el país, pero la empresa sostuvo que “por la demanda, es difícil pensar en construir una fábrica de baterías de litio”.
En febrero Matias Kulfas, Ministro de Desarrollo Productivo, se reunió con Sabino Vaca Narvaja, Embajador ante la República China, en un encuentro virtual con directivos de la Jiangsu Jiankang Automobile, donde se firmó un acuerdo en el que “se proponen desarrollar de manera conjunta nuevas tecnologías en movilidad, la entrada de productos automotores de energías renovables al mercado argentino y el establecimiento de fábricas de baterías y vehículos de transporte urbano de pasajeros de movilidad sustentable en el territorio nacional”. Y en abril, Alexander Wehr, presidente y CEO de BMW Group para América Latina, dijo que “vamos a trabajar con el Gobierno (argentino) para ver cómo se puede profundizar y desarrollar toda la cadena de valor hacia la producción de baterías y autos eléctricos, para armar esta industria”.
El supuesto proyecto de ley que impulsaría la declaración del litio como recurso estratégico en Argentina, lo que daría al Estado Nacional poder de administración y acción sobre estos recursos, hizo movilizar a actores del sector. Gustavo Saénz, Gobernador de Salta, Miguel Soler, secretario de Minería e Hidrocarburos de Jujuy, Felipe Albornoz, presidente de JEMSE, Martín de los Ríos, ministro de producción de Salta, Alberto Carlocchia, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y el COFEMIN (Consejo Federal de Minería, consejo estatal conformado por representantes nacionales y provinciales), dijeron que estaban en contra de dicho proyecto.
Dentro del bloque oficialista del Frente de Todos (FdT), hay una fuerte disputa en este sentido: por un lado Marcelo Koenig, diputado del FdT, y Carolina Moisés, diputada del FdT, se mostraron a favor de declarar al recurso como estratégico. Por otro lado Alberto Hensel, Secretario de Minería de la Nación, se posicionó en contra y Matias Kulfas el 20 de junio dijo que “el litio es un recurso de las provincias. Nuestra visión es de concertación. Si la idea fuera nacionalizarlo, tendría que haber un cambio constitucional, pero no creo que ese sea el objetivo, sino apuntar a combinar la participación pública y privada”.
El 16 de junio pasado, la empresa estatal de comunicaciones Télam anunció la creación de YPF Litio, la cual supone el comienzo de una empresa estatal nacional en la explotación de los yacimientos de litio en territorio nacional. Al respecto Alberto Carlocchia dijo: “Que una empresa como YPF explore las oportunidades del litio puede ser interesante”, y Matias Kulfas, el 20 de junio, dijo que “significa una presencia estatal que coordine con las provincias la explotación del litio”.
Ante este escenario en torno al litio en latinoamérica, las proyecciones mundiales sobre el recurso y el posicionamiento estratégico que este ocupa en el sistema actual, se plantean varias discusiones sobre el quehacer del mismo en el “triángulo del litio”. Es necesario y oportuno plantear y discutir algunos interrogantes: ¿La estrategia sobre el uso y explotación de los recursos debe ser pensada a nivel provincial, nacional o regional? ¿Queremos continuar con un modelo extractivista o comenzar a agregar valor en origen, generando trabajo de calidad? ¿YPF Litio, sin declarar al recurso como estratégico, es una salida? ¿Qué lugar tienen las organizaciones sociales, sindicatos, universidades y PyMEs en esta discusión? ¿Qué escenario es favorable a los pueblos latinoamericanos?
Es por ello, que los modelos extractivistas en nuestra región, donde las empresas mineras se llevan nuestros recursos y dejan solo saldos ambientales negativos a nuestro pueblo, tienen que dejar de ser una opción. Es necesario discutir un plan integral y transversal en torno a los recursos naturales en latinoamérica, donde el poder de decisión sobre los mismos contemple a todos los actores sociales, políticos y económicos, bregando por los intereses populares y logrando una mayor distribución de la riqueza producida en América Latina.
[*] Mondino es Ingeniero Químico y Doctorando en Ciencias Químicas (UNRC). Investigador del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología asociado a la plataforma Pueblo y Ciencia.
Este artículo fue publicado por primera vez en Desde El Conocimiento